El miércoles 9 de mayo, un día antes de que venciera el plazo para el registro de candidaturas ante la autoridad electoral de Tabasco, trabajadores de la Sección 44 del sindicato de Pemex permanecían en las afueras de la sede estatal del PRI. Cuando supieron que su líder José del Pilar Córdova Hernández había asegurado una curul en el Congreso local, estallaron en júbilo.
Pilar Córdova fue varios años secretario general de la Sección 44 del gremio petrolero. De 2007 a 2009 fue diputado local del PRI y, pese a registrar un desempeño legislativo escaso, ese mismo partido lo postuló al Congreso federal. Con apoyo de su sindicato ganó la elección y ocupó una curul en San Lázaro.
Durante varios meses corrió la versión de que su siguiente peldaño sería el Senado, pero aquel 9 de mayo finalmente se supo que el PRI lo ubicó a la cabeza de la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal de la primera circunscripción, con lo cual tiene asegurado su regreso.
Aunque es el líder fáctico de los petroleros que agrupa la Sección 44,
Córdova no tiene el mando formal. El secretario general es José de Jesús Zamudio Aguilera, uno de sus alfiles, quien también ha pasado del sindicalismo a la política electoral, y actualmente es candidato a diputado federal de la Coalición Compromiso por
México PRI y PVEM. La Sección 44 del sindicato petrolero es estratégica ya que agrupa al mayor número de trabajadores de la paraestatal en Tabasco. Poderosos de por sí en su gremio, Córdova y Zamudio han extendido su influencia al ámbito político, siempre de la mano del PRI.
José del Pilar Córdova y José de Jesús Zamudio están demandados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por evasión fiscal, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos del sindicato petrolero a las campañas del PRI y otros presuntos ilícitos relacionados con el negocio del transporte de personal de Pemex.
El 13 de noviembre de 2009 el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, Carlos Enrique Hernández Azuara, emitió el oficio No. UEI- DFF/1960/2009 donde pidió a la encargada de la Fiscalía de Delitos Fiscales,
Mariana Aguilar Márquez, que investigara a Córdova, Zamudio y otros dirigentes por un presunto fraude al fisco y financiamiento por más de mil 500 millones de pesos en favor de las campañas priistas.
Aunque no se ha informado de ningún resultado, la indagatoria inició a partir de una denuncia presentada por Gerardo Guzmán Perera, socio de la Sección 44 y jubilado de Pemex con número de ficha 118260, quien asegura que los dirigentes sindicales han defraudado al fisco desde hace casi dos décadas.
No es la única acción legal que ha emprendido Gerardo Guzmán. En 2010, junto con otros sindicalizados, presentó una nueva denuncia ante la PGR contra Córdova y Zamudio por el presunto delito de evasión fiscal de más de mil millones de pesos, según la averiguación previa AP/ PGR/TAB/VHSA-II-593/D/2010.
Según Guzmán, desde hace más de 15 años Pilar Córdova y José Zamudio manejan sin rendir cuentas la “Cooperativa de Transportes Grupo Unificador Mayoritario 6 de Mayo”, cuyos fondos se calculan en unos 300 millones de pesos al año, lo cual afecta a unos 5 mil trabajadores petroleros.
En declaraciones a la prensa, Guzmán sostiene que los líderes no rinden cuentas y se han enriquecido de manera ilícita y siempre apoyan las campañas del PRI para comprar impunidad.
En este año, si Pilar Córdova continúa como legislador y José Zamudio consigue un escaño en la Cámara de Diputados federal, ambos tendrán fuero para esconderse de la Justicia.
Mario Ross García, un viejo líder petrolero que vivió las mieles del poder sindical y ahora se encuentra en abierta pugna —incluso de tipo penal— contra los actuales dirigentes del ámbito estatal y nacional, afirma que el verdadero intercambio de favores con el PRI está en el transporte. En reiteradas declaraciones, Ross García ha señalado que en Tabasco el uso de la flotilla de unas 450 unidades del sindicato de Pemex es la cuota que pagan los líderes para obtener beneficios políticos y hasta candidaturas.
Según Mario Ross, quien actualmente preside el Movimiento Nacional de Petroleros y busca ser el sucesor de Romero Deschamps, cada una de las cinco secciones del sindicato petrolero en Tabasco posee alrededor de 90 autobuses que en tiempos electorales son utilizados para “acarrear” gente a mítines del tricolor e incluso para llevar votantes a las casillas el día de la elección.
Lo peor, ha dicho, es que todo lo costea Pemex porque paga 20 mil pesos diarios para movilizar a su personal, pero los autobuses son utilizados para beneficio del PRI, al que de esta manera le resulta gratis el traslado de militantes y simpatizantes.
El académico Javier Herrera Escamilla ha documentado que sumas millonarias de la paraestatal corren por las universidades públicas de donde, en algunos casos, también han surgido candidatos del PRI.
Con base en datos oficiales obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública, Escamilla sostiene que a través de diversos convenios Pemex Exploración y Producción entregó 6 mil 248 millones de pesos a nueve instituciones de educación superior tabasqueñas entre 2006 y 2011.
Entre las que más fondos petroleros recibieron se encuentra la Universidad Tecnológica de Tabasco, que de 2006 a 2011 obtuvo mil 273 millones de pesos. En 2008 el entonces rector José Francisco Fuentes Esperón renunció al cargo y en 2009 el PRI lo postuló a diputado local, aunque apenas iniciadas las campañas de ese año fue asesinado junto con toda su familia.
Otro ejemplo es el de la Universidad Popular de la Chontalpa, a la que Pemex Exploración y Producción entregó 768 millones de pesos de 2007 a 2011. José Víctor Zárate Aguilera, quien apenas en abril era rector de esa institución, es actualmente el candidato a diputado local del PRI-PVEM-PANAL por el II Distrito Electoral con sede en el municipio de Cárdenas. Y también está la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, considerada el “alma mater” tabasqueña, a la que Pemex Exploración y Producción entregó mil 745 millones de pesos de 2006 a 2011. En los últimos días de enero Candita Victoria Gil Jiménez dejó la rectoría y ahora es candidata de la alianza PRI-PVEM al Senado de la República.
Pero hay otro caso: Rosa Beatriz Luque Green fue hasta hace poco la secretaria de Educación en Tabasco y, al tener ese cargo, era por normatividad la presidenta de las Juntas Directivas de las universidades y tecnológicos estatales a quien debían rendir cuentas los rectores. Aunque el académico Javier Herrera señala que el uso de los fondos petroleros no está del todo claro, Luque Green nunca hizo observación alguna sobre el manejo de los miles de millones de pesos que ingresaron a las instituciones de educación superior vía Pemex Exploración y Producción. Actualmente, es candidata a diputada local de la Alianza que encabeza el PRI. Si gana compartiría curul y gestiones con exrectores y líderes sindicales petroleros o del magisterio.
El pasado 9 de mayo, el dirigente estatal del SNTE y militante del PANAL, Pedro Estrada Almeida, fue designado por el PRI en el primer lugar de la lista plurinominal de la segunda circunscripción. A diferencia del proceso federal, en Tabasco el partido Nueva Alianza se mantiene en coalición con el PRI y el PVEM.
De este modo, el PRI busca retener su hegemonía en Tabasco en coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza, afianzado en dos brazos sindicales poderosos a nivel nacional: el petrolero de Carlos Romero Deschamps y el magisterial de Elba Esther Gordillo.
